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Liubliana. Simón Tecco.
Con la entrega del suburbio de Ilijas ayer terminó oficialmente el cerco serbio de Sarajevo. El solemne y entusiasta anuncio realizado por el Gobierno bosnio coincide con los cuatro años de conflicto. Un primero de marzo de 1992, efectivamente, la población musulmana y croata de Bosnia–Herzegovina acudía a las urnas para votar en el referéndum que marcó el comienzo de la independencia de la ex república yugoslava. Y su descenso a los infiernos.
Hoy viernes y después de casi cuatro años se restablecerán las líneas de autobuses entre Zenica, Tuzla, Travnik y otras ciudades con Sarajevo. Casualmente la entrega serbia de Ilijas coincide con el cuarto aniversario del referéndum que decidió la independencia de Bosnia–Herzegovina, boicoteado por los serbobosnios partidarios de la opción ultranacionalista de Radovan Karadzic y Slobodan Milosevic.
A primera horas de la mañana los federales, acompañados por miembros de la policía internacional de la ONU que tienen a cargo el traspaso de mando de los barrios y suburbios ocupados por los serbios, entraron a Ilijas para toparse con un paisaje idéntico al encontrado días atrás en Vogosca: éxodo casi total de la población serbia, con numerosos edificios y casas en llamas.
La mayor parte de la población civil serbia fue evacuada o huyó antes de que llegara la policía bosnia. El miércoles salieron los últimos siete autobuses con niños, mujeres y ancianos con destino a Banja Luka. La policía de la ONU y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), sostenían ayer no poseer datos exactos sobre el número de serbios que aún quedan en este pueblo. Suponen que de los 7000 civiles serbios que vivían en Ilijas quedan no más de 150 familias, que no han podido huir a tiempo, pero que lo harán en las próximas horas o días. El saqueo de la infraestructura urbana es total. Los serbios se llevan todo lo tiene valor y se puede desmontar; lo que no, es destruido.
La policía de la ONU denunció que los mayores daños han sido causados en el barrio de Ilidza, que aún se encuentra bajo el control serbobosnio.
Mientras el régimen amenaza con derribar más aviones y hundir barcos si los exiliados regresan mañana al Estrecho de Florida, la Casa Blanca advirtió ayer a Cuba que «no tolerará» un nuevo ataque. Washington envió una «fuerte advertencia» a La Habana para que no vuelva a violar normas internacionales básicas y ordenó a la Guardia Costera de EE.UU. que acompañe a los exiliados que tienen previsto acercarse a la costa cubana.
La escalada de la tensión entre Cuba y Estados Unidos se incrementó ayer a raíz de que el diario «Granma», órgano del Partido Comunista cubano, anunciara que las Fuerzas Armadas están preparadas en caso de que los exiliados regresen mañana al Estrecho de Florida para rendir homenaje a los pilotos de «Hermanos al Rescate» muertos días atrás. «La contrarrevolución de Miami desafía no sólo a las autoridades cubanas, sino a las de Estados Unidos», indicó «Granma». «La principal potencia del planeta es arrastrada a una crisis por un grupo de forajidos que, además, le impiden administrar la situación. Si la flotilla llega a efectuarse, el riesgo de un nuevo incidente es altísimo. Cuba sólo puede hacer lo que harían los gobiernos y pueblos que se respetan», expresó el diario en sus amenazas.
Nuevo embargo
Por otra parte, en el plazo de una semana, Estados Unidos podría aprobar la ley Helms-Burton que aspira a internacionalizar el embargo bilateral decretado hace 30 años contra la Cuba castrista. Con la nueva ley, el embargo norteamericano no podrá ser cambiado a menos que en la isla se instaure un régimen de transición democrática. También se aumenta la presión sobre terceros países, como España, que comercia e invierte sin trabas en la isla. La ley Helms–Burton, que la Casa Blanca tenía previsto vetar hasta los sucesos de la última semana, aspira a cortar las vías de financiación extranjera que han ayudado a que Cuba supere la crisis económica multiplicada tras la caída de la Unión Soviética. La legislación está dirigida a dificultar las relaciones económicas de terceros países con el régimen.
Aquellos empresarios y ejecutivos extranjeros que tengan negocios en Cuba, basados en propiedades expropiadas por la revolución, se quedan sin visados de entrada en Estados Unidos. Estas empresas extranjeras que operen en la isla también pueden ser demandadas en los tribunales norteamericanos por los exiliados, no compensados por las nacionalizaciones.
En una concesión al presidente, estas querellas se aplazarán durante plazos de seis meses a voluntad de la Casa Blanca. La Administración Clinton ya cuenta con que las provisiones de la Ley Helms–Burton le cuesten una denuncia internacional tanto en Naciones Unidas como en el acuerdo de libre comercio firmado con México y Canadá. El Gobierno también se encuentra con oposición interna al redoblar el embargo. Tanto grandes corporaciones norteamericanas, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el «Wall Street Journal» y la Asociación de Exportadores e Importadores se han venido quejando de que la economía norteamericana pague el peso de esta disputa internacional.
Sin embargo, sobre la Administración Clinton han pesado también cuestiones electorales sobre cómo Florida votará en las próximas elecciones presidenciales. El Estado, que tiene una fuerza clave en la próxima batalla electoral de noviembre, se encuentra enconadamente dividido entre republicanos y demócratas.
De todas formas, la postura de Washington sobre el derribo de dos avionetas civiles por «Mig» cubanos está todavía levantando cuestiones y sospechas. Según el congresista Dan Burton, del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja, la Fuerza Aérea de Estados Unidos conocía perfectamente que los cazas cubanos se dirigían hacia los aviones con base en Florida y se le negó permiso para intervenir. La amenaza habría sido detectada por radares en la base de Homestead, sur de Florida, con el tiempo suficiente para solicitar el envío de cazas norteamericanas en misión de ayuda. En la investigación abierta por el Congreso no está todavía claro quién negó el permiso de interceptación y las razones para ello.
En Miami, un portavoz del FBI calificó de «mentiroso» al espía Juan Pablo Roque, que horas antes había vuelto a la televisión cubana para decir que la Policía de EE.UU. había sido advertida de que los cazas cubanos pensaban derribar las avionetas, pero no hizo nada para impedirlo. Por último, en lo que constituye una derrota diplomática para Cuba, Uruguay decidió ayer oponerse a su ingreso en el Grupo de Río.
MADRID, 29 de febrero (France Presse y Notimex).- El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) concuerdan en su visión sobre Hispanoamérica, excepto en el caso de Cuba, e Izquierda Unida (IU) mantiene una posición de apoyo al gobierno de La Habana. El reciente incidente en que cazas cubanos interceptaron y derribaron dos avionetas civiles ratificaron las visiones divergentes de los partidos políticos españoles sobre la isla.
Al calor de la campaña electoral, con visiones y propuestas encontradas, el canciller de España, Carlos Westendorp, señaló hoy que no hallaba grandes diferencias entre el PSOE y el PP en el ámbito de las relaciones internacionales.
El programa electoral del PSOE, con Felipe González a la cabeza, afirma que España debe seguir esforzándose por atraer la ayuda y la cooperación de la Unión Europea hacia América Hispana.
El PSOE fijó así los principios para guiar la relación con Cuba: "Reforzaremos nuestras medidas de acompañamiento al proceso de transformación de la economía cubana y apoyaremos la apertura del sistema político y su transición pacífica hacia una democracia plena, presionando por el respeto de los derechos humanos y las libertades".
Igualmente, el PSOE se ha pronunciado por el levantamiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra la isla, y ha demandado una ampliación de los vínculos comerciales con Cuba para promover su crecimiento y desarrollo.
El PP plantea una postura diametralmente distinta y hace recordar el viejo lenguaje de la Guerra Fría al advertir que los esquemas de pensamiento instaurados durante la posguerra siguen marcando el quehacer de fuerzas políticas que se presumen modernas.
El partido opositor sostiene que "mientras subsista el régimen totalitario, (apoyará) las reivindicaciones elementales: amnistía para presos políticos, libertad de movimientos para entrar y salir de la isla, convocatoria de elecciones libres".
En caso de llegar al poder, el PP mantendrá dentro de "la normalidad formal" las relaciones diplomáticas con La Habana, y éstas dependerán de la evolución en el terreno de los derechos humanos y la respuesta que dé el gobierno castrista.
En relación con la campaña electoral, los mítines en los que participaron este jueves el candidato socialista Felipe González, en Barcelona, y su principal rival, José María Aznar, en Valencia, registraron llenos espectaculares. Aznar, virtual ganador -según todos los sondeos- de los comicios legislativos del próximo domingo, reunió a 55,000 personas en un estadio de Valencia, el mayor mitin electoral en la historia del PP. González reunió también en un acto electoral masivo en Madrid a 40,000 personas.
El último día de la campaña -mañana viernes a la medianoche- será un verdadero maratón, sobre todo para Aznar. El líder conservador se trasladará a Valladolid, y de allí tomará un avión hacia el otro extremo de España, Huelva, desde donde irá por la tarde a Sevilla.
Su rival Felipe González hará el viaje a la inversa. Hablará primeramente a sus militantes en Madrid y terminará la campaña, como es su costumbre, en la capital andaluza.
Veamos los hechos. El 24 de febrero dos aviones Mig de la fuerza aérea de Castro, mediante la utilización de misiles, destruían en pleno vuelo dos avionetas civiles norteamericanas, totalmente desarmadas, tripuladas por cuatro personas de origen cubano, pero portadoras de ciudadanía estadounidense. Las avionetas formaban parte de Hermanos al Rescate, una organización básicamente dedicada a la muy humanitaria tarea de localizar y salvar náufragos y balseros cubanos (y haitianos) en el Estrecho de la Florida, aunque un par de veces habían lanzado octavillas sobre la Isla con textos tan "subversivos" como la Declaración universal de los derechos del hombre.
El gobierno de Castro declaró que las avionetas habían sido abatidas dentro de la jurisdicción del territorio cubano, tras previas advertencias de que actuarían de ese drástico modo si su espacio aéreo era violado, de manera que ni daban explicaciones ni aceptaban censuras. Ellos, sencillamente, invocando el principio de la soberanía, se arrogaban el derecho de derribar cualquier nave intrusa que sobrevolara su territorio.
Ante esa postura, la administración de Clinton respondió con una agria condena basada en las leyes que regulan el uso de la fuerza en el aire. Cuba forma parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y el 10 de mayo de 1984, por unanimidad, esa institución había aprobado el artículo 8 del Convenio por el que deben regirse sus miembros, donde textual y tajantemente se dice lo siguiente: "Todo Estado debe abstenerse de recurrir al uso de las armas contra las aeronaves civiles en vuelo". De manera que daba exactamente igual que las avionetas estuvieran dentro o fuera de las doce millas cubanas, porque no existe el derecho a practicar el tiro al blanco contra aviones civiles, y mucho menos el de asesinar pilotos y tripulantes por muy imprudentes o temerarios que se les considere. Por otra parte, las previas advertencias contra Hermanos al Rescate hechas por el gobierno cubano, más que un atenuante, constituían la prueba de la premeditación y alevosía con que se había cometido el crimen. No se trataba de una decisión errónea súbitamente tomada por un coronelito nervioso, sino de un asesinato de Estado, fríamente decidido y ordenado por Fidel Castro, dueño y señor de la vida y la muerte en ese desdichado rincón del Caribe.
Naturalmente, Washington no podía dejar impune esta barbaridad cometida contra naves y personas norteamericanas, fueran o no "anticastristas", porque ese adjetivo nada significa desde el punto de vista de sus derechos como ciudadanos de Estados Unidos. En consecuencia, actuando con extrema moderación -hubo voces que solicitaron un bloqueo naval y el bombardeo de bases aéreas cubanas en represalia por lo sucedido- Clinton accedió a estrechar las clavijas del "embargo" económico, mediante su apoyo a una versión ligeramente modificada de la ley "Helms-Burton", restringir el número de vuelos entre su país y Cuba, así como aumentar la potencia de las trasmisiones de Radio Martí. Pudo haber sido mucho más enérgico, pero eligió las sanciones menos draconianas. En todo caso, se despejó una incógnita que mantenía en vilo a la diplomacia cubana y esperanzados a algunos inversionistas: ya se sabe que, de ser reelecto Clinton, en su segundo mandato se mantendrá el embargo, más recrudecido aún, con las puertas abiertas para "castigar" dentro de territorio norteamericano a todo aquel que favorezca a la dictadura cubana con sus inversiones. Castro, en suma, se dio el sangriento gusto de derribar dos avionetas "enemigas" y matar a cuatro adversarios indefensos, pero con esa acción le ha hecho a su gobierno un tremendo daño económico y político que destruye cualquier remota ilusión de conseguir los imprescindibles recursos que requiere su gobierno para sostener el enorme sector público que padece el país. La aceleración de la crisis, pues, obligará a Castro a continuar el desguace progresivo de su disparatado modelo económico.
¿Por qué Castro ha cometido este estúpido crimen, tan perjudicial para su propio régimen? Las razones -la lógica del asesino- tienen dos puntos de partida. El primero es la propia naturaleza del dictador y la manera con que se relaciona con los cubanos. El es el dueño de una enorme finca en la que los habitantes -más bien los "sobrevivientes"- tienen que pensar, hacer o decir lo que a él se le antoje, so pena de recibir una multitud de castigos que van desde una simple golpiza, hasta la muerte por fusilamiento. Las avionetas entraron o iban a entrar en "su" finca, en su coto privado de caza, y como un cetrero medieval lanzó los halcones sobre las presas.
La segunda "razón" es de carácter político. Castro no está dispuesto a permitir el menor cambio que ponga en peligro la posesión y usufructo de su "finca" cubana y de los once millones de siervos que la habitan. Y dentro de ese mismo espíritu de bunker e inmovilismo, pocos días antes de derribar las avionetas, había ordenado la captura y encarcelamiento de decenas de disidentes vinculados a una organización denominada Concilio Cubano, quienes cometieron la "provocación imperialista" de pedir permiso para reunirse públicamente a discutir los asuntos que afectan al país.
Las consecuencias de este último espasmo represivo -al margen de las represalias de Washington- no se harán esperar. Casi con toda probabilidad la Unión Europea no va a firmar con Cuba el acuerdo de cooperación propuesto por España hace algunos meses, y el presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, acaba de retirar su iniciativa de invitar a Cuba a participar como "observador" en el Grupo de Río. ¿Por qué los gobiernos de esa instancia diplomática, en donde presidentes como Menem, Frei, Durán o Caldera no se ocultan para manifestar su frontal rechazo a Castro, iban a obsequiarle al "Máximo Líder" una victoria en premio a su sanguinario estalinismo? Sin duda alguna un demócrata como Sanguinetti, solidario con la oposición cubana, no iba a tenderle una mano al opresor. América Latina no podía ser más indiferente que Europa ante las desventuras de los cubanos. Cuba, pues, no entrará en el Grupo de Río. Y no entrará hasta que Castro deje de comportarse como el amo absoluto de una finca devastada por la estupidez y la crueldad.- C.A.M.- Miami, Fla., febrero de 1996.
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