Cuba de nuevo es tema de cita anual de la ONU

Desde 1992, el más alto organismo de derechos humanos de la ONU ha venido aprobando año tras año resoluciones sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba y ratificando la designación de un relator especial para que investigue la situación en la isla.

Con la misma insistencia, el régimen de Castro se ha negado a autorizar la entrada al país del relator especial, se niega a colaborar con él y ha condenado las resoluciones en su
contra como una maniobra política de Estados Unidos.

Las condenas a Cuba no se han limitado a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. La Asamblea General de la ONU, en su Resolución 52/143 aprobada el 12 de diciembre de 1997, condenó las violaciones a los derechos humanos en la isla y llamó a La Habana a autorizar la entrada del relator especial, el embajador sueco Carl J. Groth, a quien el organismo mundial ofreció todo su respaldo.

Este año, la comisión reunida en Ginebra conmemorará el 50mo. aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La ocasión servirá para recibir a numerosos jefes de Estado y gobierno y también para exhortar a los pocos países que aún no lo han hecho a que firmen dos importantes documentos de la ONU: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos vigentes desde 1976.

Cuba es el único país de América Latina que se ha negado a firmar ambos convenios.

Por eso, este año organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional han hecho un llamado especial al régimen cubano para que firme esos convenios, como lo han hecho los demás países de la región.

Sin embargo, lo cierto es que al negarse a firmar estos tratados, el régimen castrista esquiva la fiscalización y juicio de los comités de la ONU encargados de hacer cumplir esas normas.

En junio de 1995, cediendo a la presión internacional, Cuba firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ahora, como parte de la responsabilidad contraída con esa firma, el régimen castrista tiene que rendir cuentas cada año al Comité contra la Tortura, que vela por el cumplimiento de la convención.

Los ciudadanos cubanos, vivan o no en el país, pueden dirigirse individual o colectivamente al comité y presentar sus denuncias.

Esa es precisamente la situación que el régimen castrista trata de evitar al negarse a firmar los otros dos pactos, que garantizan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La forma en que estos derechos se definen y garantizan en ambos pactos está en flagrante contradicción con la realidad impuesta por el castrismo en la isla.