"El problema no es acabar con la ignorancia eliminando físicamente a los ignorantes; aquí hay un problema social, un problema económico y ese es el problema que hay que resolver". Gerardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional

Una organización de derechos humanos en Cuba anunció el martes que por lo menos 10 personas han sido fusiladas durante los últimos tres meses en la isla, lo que indica una posible intensificación de las ejecuciones por causas políticas o comunes.

"Estamos viendo aplicar con toda severidad las medidas previstas en el código penal, así que es de suponer que si no ocurre algo como una moratoria en la aplicación de esta terrible pena, vamos a ver un incremento notabilísimo en las ejecuciones", dijo Gerardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

Esa agrupación divulgó el martes un comunicado en el cual llama la atención ante el hecho de que en los últimos tres meses al menos diez personas fueron fusiladas en la isla y otras 12 recibieron penas de muerte. La nota indica que la información fue recogida de una agencia independiente de noticias y en varios diarios oficiales de provincias, que usualmente no circulan en la capital cubana, ni entre corresponsales y misiones diplomáticas extranjeras.

"No sabría decir si es la cifra más alta jamás registrada, pero es la más elevada de los últimos años. En menos de 90 días, 10 ejecuciones da algo así como un promedio de una ejecución cada 9 días, lo que es alarmante", añadió Sánchez a El Nuevo Herald, en una conversación telefónica desde su casa en La Habana.

Según la fuente, el grueso de las ejecuciones se dieron en el mes de marzo, después que el gobierno aprobó una serie de modificaciones al Código Penal, que incrementan las penas para una serie de delitos violentos.

"[Las ejecuciones] vienen en línea con las medidas que las autoridades están tomando para atajar la ola de delincuencia rampante que hay en el país, pero indiscutiblemente, no estamos de acuerdo con la pena de muerte", añadió el activista, quien cree que esta situación responde a la crisis social y moral que hay en el país.

Además, enfatizó, "hay un llamado para que no le tiemble el pulso a los jueces a la hora de aplicar, con toda severidad, la legislación penal vigente".

Entre las 12 personas condenadas a muerte, se encuentran, por lo menos, tres por causas políticas. Dos ciudadanos salvadoreños, Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, acusados de terrorismo; y un cubano, Humberto Eladio Real Suárez, quien fue condenado en 1996 por el asesinato de un pescador, cuando desembarcó armado por la costa norte de Villa Clara.

Pero, subrayó Sánchez, "nuestras listas son parciales ya que tenemos noticias, que estamos tratando de confirmar, de que hay otras personas más sujetas a ese trámite [condenados en espera de la sentencia]".

El activista manifestó el "buen deseo" de que el gobierno se adhiera a las líneas más modernas en lo que se refiere al tratamiento de la delincuencia.

"El problema no es acabar con la ignorancia eliminando físicamente a los ignorantes; aquí hay un problema social, un problema económico y ese es el problema que hay que resolver", dijo Sánchez.